La Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo

En 1964 el Congreso aprobó la Ley Pública 88-352 (78 Stat. 241) conocida popularmente como la Ley de Derechos Civiles de 1964.  Las disposiciones de esta ley de derechos civiles prohíben la discriminación basada en cuestiones de sexo o raza en la contratacion, promocion y en el despido. La palabra “sexo” se agregó en último momento. Según  la Enciclopedia Occidental de Derecho estadounidense (West Encyclopedia of American Law), el Representante Howard W. Smith (D-VA) añadió la palabra. Sus críticos argumentaban que Smith, un sureño conservador opositor de los derechos civiles federales, lo hizo para aniquilar el proyecto de ley: llamaban la enmienda "píldora de veneno". Smith, sin embargo, argumentó que había enmendado el proyecto de ley en consonancia con su apoyo a Alice Paul y el Partido Nacional de la Mujer con quienes había estado trabajando. Martha W. Griffiths (D-MI) lideró la lucha para mantener la palabra “sexo” en el proyecto de ley.

En la legislación final, la Sección 703 (a) hizo  ilegal que un empleador "falle o se rehúse a contratar o despedir a un individuo, o discrimine de algún otro modo a cualquier individuo con respecto a su compensación, términos, condiciones o privilegios o empleo, debido a la raza, el color, la religión, el sexo o el origen nacional de ese individuo." El proyecto final también permitía que el sexo fuese una consideración cuando el mismo sea una cualificación genuina para el trabajo.

El Título VII del acta creó la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC por sus siglas en inglés)  para que implementara la ley. La legislación posterior expandió el rol de la EEOC. Hoy, de acuerdo al U.S. Government Manual of 1998-99, la EEOC impone las  leyes federales que prohíben la discriminación basada en cuestiones de raza, color, religión, sexo (incluido el embarazo, identidad de género y orientación sexual), origen nacional, edad, discapacidad o información genética. Esta protección contra la discriminación se aplica a todos los tipos de situaciones laborales, incluidas las contrataciones, despidos, promociones, acoso, capacitación, salarios y beneficios.

La propuesta de añadir a cada grupo al estatus de categoría protegida desató un debate furioso. Pero ningunas palabras estimulan la pasión del debate más que “acción afirmativa”. Como la Enciclopedia Occidental de Derecho estadounidense (West Encyclopedia of American Law)  define el término, la acción afirmativa "se refiere a los programas obligatorios y voluntarios destinados a afirmar los derechos civiles de las clases de individuos designadas mediante la adopción de medidas positivas para protegerlos" de la discriminación. El problema para la mayoría de los estadounidenses es la equidad: ¿Debería usarse la cláusula de igual protección de la 14ª Enmienda para promover la libertad de una clase de individuos por buenas razones cuando esa acción puede infringir la libertad de otra?

La EEOC, como organismo regulador independiente, desempeña un papel importante en el tratamiento de esta cuestión. Desde su creación en 1964, el Congreso ha ampliado gradualmente los poderes de la EEOC para incluir la autoridad investigadora, la creación de programas de conciliación, la presentación de demandas y la realización de programas de asistencia voluntaria. Si bien la Ley de Derechos Civiles de 1964 no mencionó las palabras "acción afirmativa", sí autorizó a la burocracia a establecer reglas para ayudar a terminar con la discriminación. La EEOC lo ha hecho.

Hoy, la autoridad reguladora de la EEOC incluye la aplicación de una serie de estatutos federales que prohíben la discriminación en el empleo. De acuerdo con el sitio web de la EEOC, estos incluyen:

• El Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 que prohíbe la discriminación en el empleo por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional;
• La Ley de Discriminación por Embarazo que modificó el Título VII para que sea ilegal discriminar contra una mujer por embarazo, parto o una condición médica relacionada con el embarazo o el parto;
• La Ley de Discriminación por Edad en el Empleo de 1967, y sus enmiendas, que prohíbe la discriminación en el empleo contra personas de 40 años o más;
• La Ley de Igualdad Salarial de 1963 que prohíbe la discriminación por motivos de género en la compensación por trabajos sustancialmente similares en condiciones similares;
• Título I de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 que prohíbe la discriminación en el empleo por discapacidad, tanto en el sector público como en el privado, excluyendo al gobierno federal;
• La Ley de Derechos Civiles de 1991 que establece daños monetarios en caso de discriminación intencional; y
• Secciones 501 y 505 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada, que prohíben la discriminación en el empleo contra empleados federales con discapacidades.
• El Título IX de la Ley de Educación de 1972 prohibió la discriminación de género en los programas educativos, incluidos los deportes que recibieron dinero federal.

Los presidentes también han intervenido, empleando una serie de órdenes ejecutivas. El primer uso de la frase "acción afirmativa" en una orden ejecutiva apareció en marzo de 1961, cuando el Presidente John F. Kennedy firmó E.O. 10925. El Presidente Lyndon B. Johnson ordenó a todas las agencias ejecutivas que requieran que los contratistas federales "tomen medidas afirmativas para garantizar que los solicitantes estén empleados y que los empleados sean tratados durante el empleo sin distinción de raza, color, religión, sexo u origen nacional". Una orden ejecutiva de 1969 requirió que cada nivel de servicio federal ofreciera igualdad de oportunidades para las mujeres, y estableció un programa para implementar esa acción. El Departamento de Trabajo del presidente Richard Nixon adoptó un plan que exige a los contratistas federales que evalúen a sus empleados para identificar el género y la raza, y que establezcan objetivos para terminar con cualquier representación insuficiente de mujeres y minorías. En la década de 1990, las administraciones demócrata y republicana habían tomado una variedad de acciones que resultaron en 160 programas federales de acción afirmativa diferentes. Los gobiernos estatales y locales hicieron lo mismo.

Los tribunales también abordaron la acción afirmativa. Además de lidiar con la raza, el color, el credo y la edad, desde la década de 1970 en adelante, la corte se ocupó de cuestiones de género. Anuló los requisitos arbitrarios de peso y talla (Dothard v. Rawlinson), eliminó las hojas de embarazo obligatorias (Cleveland Board of Education v. LaFleur), permitió a los empleadores públicos utilizar planes de acción afirmativa cuidadosamente construidos para remediar la discriminación específica que resultó en mujeres y minorías poco representados en el lugar de trabajo (Johnson v. Transportation Agency, condado de Santa Clara), y confirmaron las leyes estatales y locales que prohíben la discriminación de género.

A fines de la década de 1970, todas las ramas del gobierno federal y la mayoría de los gobiernos estatales habían tomado al menos una medida para cumplir con la promesa de igual protección conforme a la ley. La EEOC sirvió como agente de implementación y queja. Su activismo dividió a liberales y conservadores, iluminando sus diferentes puntos de vista sobre el alcance adecuado del gobierno. En general, los liberales políticos abrazaron la creación de la EEOC como el nacimiento de una autoridad reguladora federal que podría promover el objetivo de la igualdad mediante el diseño de políticas para ayudar a los históricamente desfavorecidos, incluidas las mujeres y las minorías. En contraste, los conservadores políticos vieron la EEOC como una violación en su creencia de menos regulaciones gubernamentales y menos políticas federales. Para ellos, crear una economía fuerte, libre de la intervención del gobierno, produciría ganancias que beneficiarían a los históricamente desfavorecidos. Incluso el segmento no ideológico de la población estadounidense preguntó: ¿Qué debería hacer el gobierno, si acaso, para garantizar la igualdad de protección ante la ley?

En 2016, la EEOC recaudó $ 482.1 millones de dólares en beneficios financieros y resolvió más de 97,000 quejas de discriminación.

Este texto fue adaptado de un artículo escrito por Linda Simmons, profesora asociada en Northern Virginia Community College en Manassas, VA.